Gran revuelo causó en las redes un hecho acaecido hace ya 23 años, la condena por narcotráfico del hermano de la vicepresidente. Naturalmente los sectores adeptos al partido de gobierno salieron a minimizar la situación y los opositores a criticar muy duramente el prolongado silencio de la funcionaria. Era el gran escándalo semanal del partido de gobierno, del que dentro de unos meses muy pocos se acordarán porque habrá quedado oculto bajo una pila de escándalos más recientes.

Es rara la semana en la que el partido de gobierno no acapara los titulares con un escándalo nuevo, pero en el fondo son distintas manifestaciones de un mismo viejo escándalo. El establecimiento político tiene fuertes nexos con el crimen organizado, lo sabemos e igual seguimos semana a semana indignándonos una y otra vez. El matrimonio entre organizaciones delictivas y organizaciones políticas, que es cada vez más estrecho era, a mi juicio, inevitable. En Colombia estaban dadas las condiciones para que esto sucediera: baja participación ciudadana en las decisiones políticas, alta informalidad económica y un Estado fuerte en lo militar, pero débil en lo administrativo y con un repertorio muy limitado de estrategias para transformar las dinámicas sociales.

Para tener éxito en una campaña política en Colombia el factor económico es determinante, bien lo dice Augusto Reyes en el libro 100 consejos de poder: «Una campaña pobre, es una pobre campaña». Esto hace que cuando a nivel local dos campañas compiten por el poder, la que tiene alianzas con organizaciones delincuenciales tenga más posibilidades de ganar. De otro lado, cuando dos organizaciones delincuenciales compiten por un mercado ilegal, aquella que tenga el apoyo de las autoridades tiene más posibilidades de imponerse. La organización delictiva obtiene sus recursos de las rentables economías ilegales se fortalece con el poder político y la organización política se fortalece con los dineros ilegales. Es un matrimonio perfecto, mucho mejor que el que muchos de ustedes tienen.

Nos estamos aproximando a un futuro sin esperanza

Alvaro Gómez Hurtado, dirigente conservador.

Las organizaciones criminales funcionan en muchos casos como un holding empresarial: tienen inversiones en muchos sectores de la economía formal y, naturalmente, son los reguladores/operadores de las economías ilegales y subterráneas. Se denominan economías subterráneas a aquellas actividades económicas que, aunque no son ilegales, se adelantan por fuera del control estatal. Estas organizaciones criminales son muy flexibles, se reacomodan constantemente, con el tiempo aparecen, mutan y desaparecen. De otra parte, las economías ilegales y subterráneas operadas por las organizaciones criminales son mucho más duraderas, porque sus dinámicas dependen, como toda economía, de las fluctuaciones del mercado.

Por ejemplo, el negocio de la droga ha cambiado de manos muchas veces durante los últimos 40 años: Lehder, Gacha, Escobar, los Rodríguez, Comba, Chupeta, Cuchillo y no sé cuántos más han desfilado por la primera plana de los periódicos; el Estado ha despilfarrado ingentes cantidades de recursos procurando sus capturas y sin embargo, en el 2019 Colombia batió el récord histórico de hectáreas cultivadas de coca. No porque el gobierno hubiese dejado de hacer lo que siempre hace, que no sirve, sino porque el precio del dólar se elevó a niveles también históricos. El negocio de la coca depende más de los mercados internacionales que de lo que haga o deje de hacer el gobierno. Es claro entonces que hacerles la guerra a las organizaciones criminales sin transformar a fondo las condiciones que garantizan la supervivencia de las economías ilegales es matar y encarcelar personas, mostrar resultados coyunturales, y no cambiar realmente nada.

Alberto Santofimio Botero y Pablo Escobar en una reunión política (1982) Fuente: https://www.infobae.com/

Las redes económicas legales e ilegales están relacionadas de una manera también muy estrecha. Las economías ilegales usan a las legales como parte de un mecanismo para blanquear capitales y las legales usan a las ilegales para aumentar sus márgenes de operación y arrinconar a la competencia. El problema ha crecido hasta el punto en que para el año 2018 las economías ilegales y las subterráneas representaban cerca del 35% del PIB; es decir, si por arte de magia desaparece el crimen organizado en Colombia, entraríamos en una recesión mucho peor que la del Coronavirus. Nuestra estabilidad macroeconómica depende en gran medida de ese ecosistema económico complejo que conforman las economías legales e ilegales.

El problema con las economías ilegales, que solo obedecen a las leyes del mercado, es muy serio, sobre todo porque la manera que tienen de regularse y reacomodarse sus agentes operadores (crimen organizado) es la violencia. Los gobiernos se ven entonces en una disyuntiva: si persiguen militarmente a las organizaciones criminales, estas persecuciones causan constantes reacomodos en dichas estructuras, llámense: bandas, parches, combos o pandillas, lo que se traduce en guerras de grupos delincuenciales por el control de los mercados con la consecuente muerte o encarcelamiento de miles de muchachos de los sectores deprimidos de la sociedad. Si los gobiernos por el contrario pactan con los criminales por debajo de la mesa, los índicadores de violencia mejoran y las organizaciones criminales que gozan de estabilidad, se hacen cada vez más fuertes.

La razón de ser de las organizaciones criminales es el lucro, no la violencia.

Ariel Ávila, subdirector de la fundación Paz y Reconciliación.

Pensar que encarcelando a Uribe, a Duque o a Marta Lucía se va a poner en entredicho la existencia de este gran ecosistema criminal es tan ingénuo como era pensar que matando a Escobar a Gacha o metiendo preso a los Rodríguez iba a cesar el narcotráfico, son tan solo las caras visibles de un problema estructural mucho más profundo y si en algún momento caen en desgracia, el sistema muta, se reacomoda y los termina reemplazando.

Este problema sin aparente solución surge porque las organizaciones criminales son la consecuencia de las economías ilegales, que son a su vez la consecuencia de los mercados ilegales, por eso la política militarista que proclama mano firme con los delincuentes no es más que populismo, da muchos votos, pero no sirve para nada porque no afecta la macroestructura delictiva. La sociedad debe plantearse alternativas de solución que pasan en principio por divorciar esos dos matrimonios: el de las organizaciones criminales con los grupos políticos y el de las economías legales con las ilegales. Para divorciar el primer matrimonio es fundamental una participación ciudadana comprometida que logre minimizar el efecto que tiene el dinero en las campañas políticas. Con el segundo matrimonio lo que hace falta es dotar al Estado de instrumentos y herramientas administrativas que le permitan hacer seguimientos detallados de los flujos de capital y su origen.

Mientras eso no suceda, seguiremos horrorizándonos cada semana con el escándalo político del momento como el idiota al que todos los días le cuentan el mismo chiste y vuelve y se ríe. Lo bueno es que yo podré actualizar esta columna a la situación política del año 2030 o 2040 únicamente cambiando unas cuantas palabras.